Es
el estado de derecho que tenemos todos los
venezolanos para acceder a los avances tecnológicos en comunicaciones, consagrado constitucionalmente en
el artículo 3 de nuestra carta magna, anteriormente esto no
era posible pues los software
de computadora eran
privados y quien quería hacer uso de los mismos tenía que pagar
un costo monetario muy elevado, por lo que
el gobierno consiguió regular su funcionamiento a uno más
accesible para todos sin discriminación de ningún
tipo.
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