Lógico que el gobierno de Maduro haya incluido al sector construcción dentro de los motores que aspiran impulsar la economía venezolana: impacta directamente el PIB, al generar empleos, servicios, transporte y manufactura.
Pero tiene una palanca trancada: la materia prima. Mientras se elevan las metas de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), cae la producción de cemento, cuyo 90% del mercado es manejado por el Estado.
Luego de la nacionalización de la industria cementera en 2008, la producción se desplomó 44,4% al pasar de 8,9 millones de toneladas métricas TM a 5,2 millones de TM en 2015, según la memoria y cuenta del Ministerio de Industrias. La cantidad cubriría la demanda de la GMVV y no mucho más, si se toma en cuenta que este programa social consume 4,5 millones ™, según el ex ministro Ricardo Molina.
Ni hablar de las cabillas: la principal siderúrgica del país, Sidor –estatizada en 2008- está paralizada desde el 19 de marzo de 2016. Este motor pistonea por la escasez de materiales, inseguridad jurídica y falta de dólares para repotenciar equipos obsoletos.
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